domingo, 27 de junio de 2010

Bonasso y la Ley de Glaciares

Tras el veto presidencial impuesto por el Poder Ejecutivo, en noviembre de 2010, el diputado nacional Miguel Bonasso, presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, impulsa la iniciativa de volver a dar tratamiento al proyecto de protección de glaciares y ambientes periglaciares en todo el territorio argentino.



El 10 de noviembre de 2008 apareció en el Boletín Oficial la publicación del decreto1837/2008, por medio del cual la presidenta Cristina Fernández de Kirchner rechazó, mediante el veto, la ley de protección de glaciares, sancionada en el Congreso de la Nación por amplia mayoría el 22 de octubre.

En su texto, la norma reclamaba la realización de un inventario de los glaciares nacionales, lo que representa tres cuartas partes de la reserva hídrica, y la prohibición de actividades que puedan dañar la condición natural de los hielos y su entorno o que produzcan su destrucción. Tales restricciones tenían como objetivo limitar la exploración y la explotación minera y petrolífera.

Entonces, el veto fue interpretado como un gesto favorable a las grandes empresas mineras instaladas en San Juan, La Rioja y Mendoza, especialmente la poderosa compañía Barrick Gold, las cuales a través del uso de cianuro para la extracción del oro contaminan las aguas necesarias para los agricultores de la zona.


Mauro Maciel

Medioambiente 2.0

La organización ambientalista Greenpeace de España consiguió que la multinacional Nestlé dejase de comprar a un proveedor que realiza actividades nocivas para el medioambiente. La exitosa gestión fue posible gracias a la ejecución de una campaña en versión 2.0, a través de internet y las redes sociales.

El origen de la iniciativa radicó en la grave situación de deforestación en que se encuentra una gran cantidad de bosques en todo el mundo. En especial, existe un bosque, situado en las selvas de Indonesia, vital como insumo para el aceite de palma y de enorme demanda en los mercados alimenticios y de combustibles, y cuya depredación lleva a consecuencias destructivas para la población autóctona de gorilas.

Como parte de su campaña, Greenpeace dio su primer paso a través de un lobby documentado. Es decir, que tras la instalación de un grupo de manifestantes que se estableció a modo de protesta en un campamento en medio del bosque, elevó un informe asolador de la situación, que entonces la firma Nestlé decidió ignorar.

En segunda instancia, la entidad medioambiental lanzó una campaña de participación ciudadana por medio de la que difundió el estado de la situación a la comunidad 2.0. No obstante, la estrategia no fue pretender emitir comunicados cargados de información, sino más bien un sitio de internet donde la gente pudiera actuar.

En primer lugar, se volcó a través de las redes sociales la difusión de un video muy gráfico, que pretendió causar efecto de contrapublicidad en perjuicio de la multinacional. La respuesta no se hizo esperar, aunque tuvo un efecto poco inteligente y muy cortoplacista: Nestlé consiguió censurar el video colgado en Youtube en un plazo menor de 24 horas. Fue entonces cuando la red social ya comprometida en el asunto salió a difundir el acto de censura de la compañía y a especificar el nuevo sitio donde podrían visualizar el video prohibido.



Por fin, como resultado de la campaña, Nestlé decidió aceptar el compromiso de no volver a contratar con el proveedor y a someterse a organismos de control para que efectúen auditorios en sus procesos productivos y comerciales. Además, la campaña consiguió que el video alcanzara una cifra superior al millón y medio de reproducciones y que más de 300 mil correos electrónicos acabaran en las bandejas de entrada de los CEO’s de Nestlé en todo el mundo.

Mauro Maciel

Política energética

Desde hace más de 30 años, la Fundación Vida Silvestre trabaja junto con otros actores sociales en pos de un desarrollo sustentable con respeto hacia el medio ambiente y concientizando a la población acerca de la necesidad del uso racional de nuestros recursos naturales.

Hablamos con Florencia Lemoine, responsable de comunicación en el área de Cambio Climático y Energía, sobre las perspectivas a futuro del país y de la necesidad de ir dejando de lado ciertos recursos altamente contaminantes y apostar a energías más limpias.

También nos comentó sus impresiones con respecto a la presencia que tiene hoy en día en la población el tema del cuidado del medio ambiente y el ahorro de energía y las medidas que se están tomando al respecto, tanto por el Gobierno como por la población civil, a través de las iniciativas que promueven las organizaciones ambientalistas.

Tal es el caso del reemplazo de las lámparas tradicionales por las de bajo consumo o el apagar las luces durante una hora, como se realizó en marzo de este año en lo que se conoció como La Hora del Planeta y que tuvo una fuerte repercusión a nivel mundial.

viernes, 18 de junio de 2010

Deforestación y desmontes en Salta sin control


La deforestación y los desmontes en la provincia de Salta no se detienen. Ni los aludes, las inundaciones, la Ley de Bosques, el fallo de la Corte Suprema de la Nación, ni mucho menos los muertos y evacuados que ya tuvo la provincia parecen surtir ningún efecto en los dueños de las empresas madereras y aserraderos que siguen talando árboles indiscriminadamente y de forma ilegal.
Desde Greenpeace Argentina sostuvieron: "Ya es hora de que el Estado argentino tome cartas en el asunto de una forma mucho más eficaz y que no deje los controles pura y exclusivamente en órganos provinciales porque quedó demostrado que no sirven de mucho", y agrega, "la provincia en esta década que se termina ya tuvo que soportar demasiadas tragedias".
Se refiere a la inundación en Tartagal en 2006 que provocó casi 20 muertos y cientos de evacuados y las enfermedades que vinieron después, como el paludismo, la leptospirosis, la diarrea, el dengue, etc.
El alud de febrero del año pasado que mató a dos personas y dejó otro saldo de alrededor de 700 evacuado y 10 mil damnificados.
El 13 de marzo murió un camionero por un pequeño alud de tierra en el monte. No fue más grave porque el desprendimiento de tierra fue menor, pero le costó la vida a otro ser humano.
A pesar de que el ejecutivo reglamentó la Ley de Bosques que presentó el diputado Miguel Bonasso en 2006, recién lo hizo unos días después del alud de Salta el año pasado. Sin embargo, la ley había sido aprobada por las dos cámaras legislativas en noviembre de 2007.
El 30 de diciembre de 2008 el máximo tribunal ordenó al gobierno provincial salteño a frenar la tala indiscriminada en cuatro departamentos provinciales. Así y todo, los desmontes continuaron y continuan aún hoy y la mayoría de las personas afectadas por el alud del año pasado siguen esperando la ayuda que les prometió el Gobierno Nacional, sin contar que una gran parte del dinero que llegó a la provincia fue a parar a cooperativas que hoy están denunciadas por manejo fraudulento de fondos públicos.
Fuera de la ayuda económica para obras públicas de infraestructura a nadie parece ocurrirsele llevar adelante un plan de plantación de árboles para contrarrestar los efectos negativos de desmontar bosques nativos.
Lo más cercano a eso es el Plan Forestal del Bicentenario que se está llevando a cabo actualmente y que presentó el Ejército Argentino el año pasado en el mes de octubre, durante el XIII Congreso Forestal Mundial que se hizo en Buenos Aires.
La iniciativa consiste en que cada miembro de la fuerza plante un árbol en su cuartel para conmemorar simbolicamente el nacimiento de la patria.
Sin palabras.


Federico Hanashiro

jueves, 17 de junio de 2010

La importancia geopolítica del Acuífero Guaraní. Soberanía en peligro

Debajo del territorio de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay se encuentra el Acuífero Guaraní. Se trata de la tercera reserva mundial más grande de agua dulce, o sea, en condiciones de tomar. Mide aproximadamente 1,9 millones de kilómetros cuadrados y según el Instiuto Nacional del Agua (INA) podría suministrar el recurso a 6 mil millones de seres humanos durante 200 años a razón de un consumo diario de 100 litros per cápita.
Un informe de la ONU que dice que para 2025 las dos terceras partes de la población mundial se verán afectados por problemas vinculados al acceso de agua potable.
Desde la década del 90 existen documentos secretos del Pentágono que hablan de la necesidad de los Estados Unidos de apoderarse de las zonas con grandes reservas de agua dulce.
Luego de los atentados a las Torres Gemelas de 2001 los servicios secretos norteamericanos decían que en la Triple Frontera había numerosas células terroristas de Al Qaeda, casualmente en la región que se encuentra sobre el acuífero y en donde hay un fácil acceso a tres países al mismo tiempo (Paraguay, Argentina y Brasil).
El Cemida (Centro de Militares por la Democracia Argentina en 2003 publicó un informe en donde alertaban sobre la presencia militar norteamericana en la zona, que había permitido el gobierno paraguayo de entonces, y denunció publicamente al Banco Mundial en 2006 por querer financiar los estudios sobre el acuífero".
Se refiere al informe que el BM costeó por un monto de casi 27 millones de dólares y que se repartió entre los cuatro países y cuyo contrato contemplaba la devolución del dinero pagando la contraparte en especies, o sea, agua.
Lo más raro de todo era que las universidades nacionales pretendían ellos llevar adelante los estudios y exigían un presupuesto de tan sólo seis millones. Sin embargo, fueron rechazados.
En ese mismo año (2006) se hizo de público conocimiento la visita de la hija del entonces presidente norteamericano George Bush a Paraguay.
Allí se confirmó la sospecha que hace tiempo tenía la Fundación Servicio Paz y Justicia (Serpaj), creada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, de que el ahora ex presidente había adquirido 42.000 hectáreas en el departamento del Alto Paraguay, justamente una de las zonas más ricas, en el Chaco paraguayo.
Desde la fundación lo confirmaron: "Esa visita de Jenna Bush le puso el sello a todas nuestras sospechas, ahí ya no tuvimos má dudas. Hasta hablamos con el entonces gobernador del Alto Paraguay, Erasmo Rodríguez Acosta, y lo alertamos al respecto. Es más, él fue el que anunció los rumores de esa venta, pero llamativamente dos meses después de eso se desentendió totalmente del asunto, diciendo que él no tenía por qué saber quien adquiere tierras en su gobernación".
La legislación sobre el acuífero es contradictoria. Brasil, al notar la importancia de esta región, prohibió la entrega de tierra fronteriza a extranjeros, en Paraguay también esta vedada la venta a 50 kilómetros de la frontera y en Argentina lo era hasta la década del 90, pero durante el gobierno de Menem se derogaron estas leyes y hoy en día el 90 por ciento de las zonas limítrofes con recursos naturales están en manos de particulares y empresas argentinas.
Desde el INA advirtieron: "Es indispensable y urgente que los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil comiencen a trabajar conjuntamente sobre esta problemática antes de que sea demasiado tarde y ya no tengamos ningún poder en cuanto a soberanía. En Argentina, tenemos el caso del empresario y banquero norteamericano Douglas Tompkins que posee 230 mil hectáreas en los Esteros del Iberá y pretende que la región sea considerada zona de reserva mundial, con lo cual las tierras pierden toda soberanía nacional".

Federico Hanashiro



miércoles, 16 de junio de 2010

Papeleras: más allá de Botnia. Perspectivas nada alentadoras

En la Argentina actualmente funcionan diez papeleras. Las empresas multinacionales de celulosa invierten en el país por las grandes y económicas extensiones de tierra, mano de obra barata y, sobre todo, por los estímulos del Gobierno a la industria y la falta de controles ambientales.
El director del Instiuto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Celulosa y Papel, Hugo Vélez agrega otro dato: "En Argentina y Brasil los árboles crecen un siete por ciento más rápido que en otras regiones".
Existen dos tipos de producción de celulosa y las dos contaminan. Una se denomina Libre de Cloro Elemental (ECF) y la otra, Totalmente Libre de Cloro (TCF). Las diez empresas, sin excepción, que operan en el país, tienen varias denuncias y causas judiciales.
Papelera Tucumán está catalogada como la principal fuente de contaminación de la provincia y sus dueños fueron procesados. Papelera Ledesma expulsa una nube espesa de cenizas y provoca enfermedades respiratorias. Celulosa Argentina arroja espuma y líquidos rosados y negros en el Río Paraná. Pastas Puerto Piray fue clausurada dos veces por tirar deschos al río del mismo nombre y recibió denuncias del gobierno paraguayo. Papelera NOA, desde 2001, tiene advertencias de clausura por los elevados niveles de contaminación. Papel Misionero arroja espuma al Río Paraná. Papel Prensa, según la Secretaría de Política Ambiental tiene mayor potencial de contaminación. Papelera Massuh fue clausurada en una oportunidad. Pulpa Morada explota la tierra. Por último, Alto Paraná tiene denuncias por la desaparición de flora y fauna.
La prosecretaria de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) afirmó: "Hemos impulsado muchas causas y se han realizado muchos allanamientos, pero son muy pocas las condenas".
En 2002 se sancionó la Ley General del Ambiente, que establece que las empresas que realicen actividades riesgosas para el medio ambiente deben contratar un seguro. La Cámara Argentina Aseguradora de Riesgo Ambiental trabajó con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y con la Superintendencia de Seguros de la Nación para poder sostener la póliza que obliga a contar con esta protección, pero nadie lo hizo.
El presidente de la Cámara, Jorge Furlán, sentenció: "De parte de las papeleras nunca recibimos ningún pedido por una cobertura de seguro y tampoco podemos sancionarlas porque eso recae en los funcionarios responsables de los organismos de control ambiental".
Greenpeace, en su documento La escalada de la celulosa, de 2006, advierte que la producción de pulpa argentina es de un millón de toneladas por año y que para 2020 esa cifra se duplicará.

Federico Hanashiro

Idea innovadora y sustentable

Desde un modelo revolucionario en energía, rendimiento y medio ambiente, ALS Bioenergías se anima a hacer ruido entre los grandes jugadores, con su propuesta innovadora en cultivos alternativos, inversión acotada en riesgos y tecnología validada. El bio como excusa para la producción de derivados vegetales y el desarrollo futuro de la industria oleoquímica.
La idea del proyecto nació de un plan inicial que suponía la producción de biodiesel a partir de la colza. Ariel Scaparro, hoy presidente de ALS Bioenergías, regresó a la Argentina, en 2006, luego de 2 décadas y tras haber hecho consultoría en energías alternativas y nuevos negocios en Suecia. Entonces, contaba con un acuerdo con una cooperativa sueca, que se frustró luego del conflicto por la Resolución 125, la sequía y la crisis financiera internacional.
Más tarde Scaparro conoció a José Luis Martínez Justo, hoy director de ALS Bioenergías, con larga trayectoria en los mercados de petróleo y lubricantes y pionero en biodiesel en Argentina, y juntos decidieron dar forma al emprendimiento: desarrollar biodiesel, a partir de la aplicación de tecnologías de segunda generación, para la elaboración de biocombustibles de mayor calidad en los mercados más exigentes.
En 2009, ALS obtuvo la patente de su proceso tecnológico y la validación en Estados Unidos por parte de la certificadora internacional, Saybolt. Además, selló alianzas estratégicas con Dow Argentina, para impulsar la promoción de la instalación de plantas, y con KPMG, para la búsqueda de socios inversores interesados en la iniciativa.
“La idea era abocarnos hacia una tecnología que permita producción escalable -cuenta Martínez Justo- y desarrollamos un sistema, llamado multi-feedstock, que no utiliza agua ni ácidos, mejora la calidad del biodiesel y admite procesar una gran variedad de materias primas. Así, podemos arrancar un paso antes porque no necesitamos refinar. También incluimos un sistema basado en la nanotecnología que permite una reacción muy superior a la de las tecnologías tradicionales y brinda un rendimiento espectacular, alcanzando un agregado mínimo de conversión del 3%, de punta a punta.”
En el caso del biodiesel los ideólogos del proyecto proponen cultivos alternativos que nacen en zonas desérticas o semi desérticas, y el de la salicornia resulta demasiado atractivo. Se trata de una planta que crece en zonas marginales y se riega con agua salada, de mar, y permite pensar en todo el litoral argentino, como un área potencial para expandir la frontera agrícola. “La salicornia podría ofrecer una parte muy pequeña destinada al consumo humano (el espárrago), el resto de la planta como proteína animal y, por último, a partir de las semillas, como aceite para el biodiesel”, sentencia Scaparro.
El proceso de búsquedas encabezado por KPMG se encuentra recién iniciado, desde los primeros días de junio y comprende un abanico de soluciones financieras, como joint ventures, participación con management de ALS, inversión de los productores o interesados o entrega de planta llave en mano. “KPMG ha cursado invitaciones a 35 grupos que fueron prefiltrados en base a una serie de criterios y se prevé un período de 45 días hasta que los interesados empiecen a ofertar”, aporta Scaparro.
En materia de regulación, la Argentina comenzó el 1° de enero con el bioetanol, cuyo corte es hoy del 2%, y a partir del 1° de abril, el corte de biodiesel, en todo el gasoil que hay en el mercado, es del 5%. Hasta ese momento se existían rumores acerca de una inminente norma legal pero el desconocimiento de los precios impedía a que los interesados se decidiesen a invertir y, por lo tanto, todos los proyectos estuvieron abocados a la exportación. Presentadas las reglas del juego, comenzaron a surgir proyectos abocados al mercado local.
“Las ventajas fundamentales que ofrece la Argentina pasan principalmente por la materia prima -señala el presidente de ALS-. Nuestro país es número uno de productores de aceite de soja, cuyos costos no se pueden combatir, en términos competitivos, en ningún otro país del mundo”.
Martínez Justo adelanta que como punto de partida ALS instalará la primera planta de producción de biodiesel en la localidad de Zárate. “Será nuestro buque insignia, una planta modelo, replicable en tamaños mayores o menores en cualquier lugar de Argentina o del Cono Sur, y contará con 60 mil toneladas para abastecer al mercado argentino. Su construcción se estima en un plazo de 180 días, desde sus cimientos hasta la producción del biodiesel”.