Tras el veto presidencial impuesto por el Poder Ejecutivo, en noviembre de 2010, el diputado nacional Miguel Bonasso, presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, impulsa la iniciativa de volver a dar tratamiento al proyecto de protección de glaciares y ambientes periglaciares en todo el territorio argentino.
El 10 de noviembre de 2008 apareció en el Boletín Oficial la publicación del decreto1837/2008, por medio del cual la presidenta Cristina Fernández de Kirchner rechazó, mediante el veto, la ley de protección de glaciares, sancionada en el Congreso de la Nación por amplia mayoría el 22 de octubre.
En su texto, la norma reclamaba la realización de un inventario de los glaciares nacionales, lo que representa tres cuartas partes de la reserva hídrica, y la prohibición de actividades que puedan dañar la condición natural de los hielos y su entorno o que produzcan su destrucción. Tales restricciones tenían como objetivo limitar la exploración y la explotación minera y petrolífera.
Entonces, el veto fue interpretado como un gesto favorable a las grandes empresas mineras instaladas en San Juan, La Rioja y Mendoza, especialmente la poderosa compañía Barrick Gold, las cuales a través del uso de cianuro para la extracción del oro contaminan las aguas necesarias para los agricultores de la zona.
Mauro Maciel
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